La administración Trump ha tomado la controvertida decisión de poner a la policía metropolitana de Washington D. C. bajo control federal y desplegar a la Guardia Nacional en la ciudad. La medida, justificada por el presidente como necesaria para combatir una supuesta ola de crimen violento, ha sido calificada como una “toma de control hostil” por las autoridades locales y ha desencadenado una batalla legal sobre la autonomía de la capital.\n\nEsta semana, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que transfiere el control del Departamento Metropolitano de Policía (MPD) al gobierno federal. Como parte de esta acción, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, designó a un comisionado policial de “emergencia” y se ordenó el despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional y 500 agentes federales.
La administración ha argumentado que la ciudad está “sobrepasada por el crimen”, una afirmación que la alcaldesa Muriel Bowser, demócrata, ha refutado, asegurando que el crimen violento está “en su menor nivel en 30 años”. En respuesta, el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, demandó al gobierno federal, pidiendo a un tribunal que declare que la orden de Trump excede su autoridad. Schwalb afirmó que la medida es “una afrenta a la dignidad y autonomía de 700.000 estadounidenses que llaman casa a Washington”. Este conflicto resalta la relación única y a menudo tensa entre la capital de la nación y el gobierno federal, que, bajo la Ley de Autonomía Local, mantiene un control extraordinario sobre los asuntos de la ciudad.
En resumenEl presidente Trump ha ejercido su autoridad federal para tomar el control de la fuerza policial de Washington D. C. y desplegar la Guardia Nacional, citando la necesidad de frenar el crimen. La medida ha provocado una demanda por parte del gobierno de la ciudad, que la considera un abuso de poder y una violación de su autonomía.