La administración ha argumentado que la ciudad está “sobrepasada por el crimen”, una afirmación que la alcaldesa Muriel Bowser, demócrata, ha refutado, asegurando que el crimen violento está “en su menor nivel en 30 años”. En respuesta, el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, demandó al gobierno federal, pidiendo a un tribunal que declare que la orden de Trump excede su autoridad. Schwalb afirmó que la medida es “una afrenta a la dignidad y autonomía de 700.000 estadounidenses que llaman casa a Washington”. Este conflicto resalta la relación única y a menudo tensa entre la capital de la nación y el gobierno federal, que, bajo la Ley de Autonomía Local, mantiene un control extraordinario sobre los asuntos de la ciudad.