Oficialmente, la operación tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región, una justificación que la Casa Blanca ha vinculado directamente con Maduro. La portavoz Karoline Leavitt fue enfática al afirmar: “El régimen de [Nicolás] Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela.
Es un cartel del narcotráfico”. Esta narrativa presenta a Maduro no como un jefe de Estado, sino como “un líder fugitivo de este cartel”, específicamente el Cartel de los Soles, que según Washington opera desde las altas esferas del poder venezolano. Para reforzar esta postura, el gobierno estadounidense elevó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares.
Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval, explicó que estas acciones se amparan en un marco legal que permite a EE.
UU. “llevar a cabo operaciones clandestinas, la restricción, sanciones y hasta el uso de fuerzas militares” al no reconocer a Maduro como presidente. En respuesta, el gobierno venezolano calificó las acciones de “amenazas extravagantes”, catalogó el despliegue como un riesgo para la paz regional y anunció la movilización de 4,5 millones de milicianos para defender su soberanía.