Esta reducción drástica de trabajadores ha generado dificultades para los productores agrícolas, quienes enfrentan escasez de mano de obra para las cosechas y otras labores esenciales. La combinación de un aumento en las deportaciones, mayores restricciones para la obtención de visas de trabajo y un clima general de hostilidad hacia los inmigrantes ha disuadido a muchos de buscar empleo en el país, al tiempo que ha forzado a otros a abandonar sus puestos de trabajo. La situación se ve agravada por las demoras históricas en el procesamiento de visas de trabajo, que en algunos casos superan los tres años, dejando a más de 500.000 solicitantes en un limbo burocrático. Este déficit de trabajadores no solo impacta la producción y la competitividad de industrias como la agricultura, la construcción y la hostelería, sino que también tiene un efecto dominó en las economías locales. Expertos han advertido que la reducción de la fuerza laboral migrante podría traducirse en aumentos de precios para los consumidores y una desaceleración del crecimiento económico a largo plazo.