Casa, Inc., restringe el uso de las llamadas “injunctions universales”, una herramienta clave que había sido utilizada para detener varias de las medidas más controvertidas de la administración. El caso se originó a raíz de una orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba negar la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados. Tribunales inferiores habían emitido una orden judicial universal que suspendió la aplicación de esta política en todo el país. Sin embargo, la Corte Suprema, con una mayoría conservadora de seis a tres, determinó que los jueces federales no tienen la autoridad para dictar órdenes que beneficien a personas que no son parte directa del litigio. La opinión mayoritaria, redactada por la jueza Amy Coney Barrett, argumenta que esta práctica altera el equilibrio de poderes, permitiendo que un solo juez detenga políticas de alcance federal. En su disenso, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson advirtieron que esta restricción limita peligrosamente la capacidad del poder judicial para responder a políticas que violan derechos constitucionales de forma masiva. Esta decisión se enmarca en un contexto más amplio en el que se estima que la administración Trump ha desobedecido aproximadamente un tercio de los fallos judiciales en su contra, lo que evidencia una tensión constante entre el ejecutivo y el poder judicial.