y mostrar un patrón de desacato a fallos judiciales.
Estas acciones, justificadas en la lucha contra el crimen, han sido demandadas por el fiscal del distrito y calificadas como un ataque sin precedentes a la separación de poderes. Esta semana, el presidente Donald Trump ordenó que la policía metropolitana de la capital quedara bajo el control del gobierno federal y envió a la Guardia Nacional.
La medida provocó una respuesta inmediata del fiscal general del distrito, Brian Schwalb, quien presentó una demanda para frenarla, dejando al cuerpo policial en una situación de confusión con dos jefes en funciones. Este choque de autoridad se enmarca en una tensión más amplia entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Un informe señala que la administración Trump ha desobedecido aproximadamente un tercio de las más de 160 demandas en las que un juez ha emitido un fallo en su contra.
Este patrón de desafío a la autoridad judicial es considerado por analistas como una acción sin precedentes que busca eliminar los frenos del poder judicial al Ejecutivo. La situación se agrava con una reciente decisión de la Corte Suprema en el caso `Trump v. Casa, Inc.`, que limitó la capacidad de los tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales de alcance nacional (injunctions universales), una herramienta clave utilizada para bloquear políticas gubernamentales controvertidas en todo el país.