Según los informes, desde que la administración Trump anunció la cancelación del 83% de los contratos de ayuda exterior, más de 60 contratos en Colombia fueron suspendidos. Estos proyectos abarcaban áreas críticas como la asistencia alimentaria de emergencia, el fortalecimiento de los derechos de tenencia de tierras y el apoyo a la aviación policial. La decisión judicial refuerza la capacidad del gobierno de Trump para negarse a gastar dinero ya presupuestado por el legislativo, consolidando su política de reducción de la ayuda internacional y afectando programas clave en países aliados.