Esta iniciativa pondría en jaque a numerosos beneficiarios actuales, ya que busca imponer nuevas restricciones sobre los alimentos que se pueden adquirir con estos subsidios. A partir de 2026, se contempla que seis estados apliquen exenciones para limitar la compra de ciertos productos con los fondos de SNAP, aunque los artículos específicos no fueron detallados en los textos. Este movimiento forma parte de una tendencia más amplia de endurecer los requisitos y el uso de los programas de asistencia social. La propuesta ha generado preocupación entre defensores de la seguridad alimentaria, quienes advierten que estas restricciones podrían dificultar el acceso a una nutrición adecuada para las familias de bajos ingresos. El plan de Trump y la legislación republicana asociada buscan, según sus proponentes, fomentar la autosuficiencia y reducir el gasto público en programas de bienestar. Sin embargo, los críticos argumentan que estas medidas podrían tener un impacto negativo en la salud y el bienestar de las poblaciones más vulnerables, incluyendo niños, ancianos y personas con discapacidad, quienes dependen en gran medida del programa SNAP para su alimentación diaria. El debate sobre la reforma de SNAP refleja una profunda división ideológica en Estados Unidos sobre el papel del gobierno en la asistencia social y la mejor manera de abordar la pobreza y la inseguridad alimentaria.