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Internacional

Políticas de deportación y acuerdos con terceros países

La administración de Donald Trump ha mantenido una política de deportación estricta, buscando la cooperación de países del hemisferio occidental, incluida Colombia, para la repatriación de sus nacionales. Tom Homan, conocido como el ‘zar de la frontera’ durante el gobierno de Trump, confirmó que Colombia está cooperando con los vuelos de deportación, pero lanzó una clara advertencia sobre las consecuencias de no hacerlo. En declaraciones a W Radio, Homan afirmó: “Si no quieren recibir de vuelta a sus nacionales, los enviaremos a un tercer país (...) Algo es seguro: una amenaza ilegal y criminal, una amenaza para la seguridad pública o para la seguridad nacional, no se queda aquí”. Esta política de enviar deportados a un “tercer país seguro” si su nación de origen se niega a recibirlos representa una medida de presión significativa. En línea con esta estrategia, se mencionó que el último país en firmar un acuerdo con el gobierno de Trump para acoger a migrantes fue Ruanda. Además, Homan confirmó que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está trabajando con varios estados para establecer nuevos centros de detención de migrantes, similares al que opera en Florida, y que se intensificarán las deportaciones desde ciudades como Washington D.C. Estas acciones reflejan un endurecimiento de la política migratoria, enfocada en la detención y expulsión rápida de inmigrantes considerados una amenaza, y en la búsqueda de acuerdos internacionales para garantizar que las deportaciones se lleven a cabo, incluso si los países de origen no colaboran.

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ai briefingEn resumen
La política de deportación bajo la administración Trump se caracteriza por la cooperación forzada con países como Colombia y la implementación de acuerdos con terceros países, como Ruanda, para recibir a migrantes no repatriados. Las advertencias del ‘zar de la frontera’, Tom Homan, y la expansión de centros de detención subrayan un enfoque de mano dura en la gestión migratoria, priorizando la expulsión de quienes son considerados una amenaza para la seguridad.

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