Esta directiva secreta, revelada por The New York Times, permite operaciones militares directas en territorio extranjero y en el océano para combatir el flujo de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, marcando una escalada significativa en la estrategia de seguridad de su administración. La medida ha generado un fuerte rechazo en la región.
El presidente Gustavo Petro advirtió que “cualquier operación militar que no tenga la aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe” y convocó a una reunión de cancilleres para abordar la amenaza. Petro defendió la cooperación con Venezuela en la lucha antinarcóticos y criticó la propuesta estadounidense, afirmando que el problema no se resuelve “bombardeando al pobre”, sino con oportunidades.
La designación de grupos como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles como terroristas otorga a EE. UU. facultades legales para atacarlos como un asunto de seguridad nacional, no solo de aplicación de la ley. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la política, argumentando que estos grupos operan como “empresas criminales” con armamento similar al de ejércitos.
Esta política ha reavivado el recelo histórico en Latinoamérica hacia la intervención estadounidense, generando un tenso debate sobre soberanía y cooperación en la lucha contra el crimen organizado.