Además, advirtió que esta estrategia podría replicarse en otras ciudades como Chicago o Nueva York si sus índices de criminalidad continúan “fuera de control”.

La decisión generó una fuerte controversia. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, cuestionó la necesidad de la medida, argumentando que las estadísticas oficiales muestran una reducción sostenida de la criminalidad, alcanzando en 2024 los niveles más bajos en 30 años. Bowser calificó la acción como un “atropello a la autonomía de la ciudad”, aunque reconoció su legalidad constitucional. El despliegue de tropas federales y la toma de control de la policía local, que según la ley puede extenderse hasta 30 días sin autorización del Congreso, han sido vistos por algunos sectores como un “espectáculo político” que socava la gobernanza local.