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Despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.

El presidente Donald Trump ordenó una intervención federal sin precedentes en Washington D.C., desplegando 800 miembros de la Guardia Nacional y asumiendo el control directo del Departamento de Policía Metropolitana. La medida fue justificada por Trump como una respuesta a una supuesta “emergencia criminal” y una ola de “anarquía” en la capital estadounidense. Para respaldar su decisión, el mandatario invocó la Sección 740 de la Home Rule Act de 1973, que le otorga facultades excepcionales en situaciones de emergencia. Nombró a la fiscal general Pam Bondi al frente del cuerpo policial y declaró una “Emergencia de Seguridad Pública”. Según Trump, la intervención busca “restablecer la ley, el orden y la seguridad pública” en una ciudad plagada de “pandillas violentas, campamentos de indigentes, caos y crimen rampante”.

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Además, advirtió que esta estrategia podría replicarse en otras ciudades como Chicago o Nueva York si sus índices de criminalidad continúan “fuera de control”.

La decisión generó una fuerte controversia. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, cuestionó la necesidad de la medida, argumentando que las estadísticas oficiales muestran una reducción sostenida de la criminalidad, alcanzando en 2024 los niveles más bajos en 30 años. Bowser calificó la acción como un “atropello a la autonomía de la ciudad”, aunque reconoció su legalidad constitucional. El despliegue de tropas federales y la toma de control de la policía local, que según la ley puede extenderse hasta 30 días sin autorización del Congreso, han sido vistos por algunos sectores como un “espectáculo político” que socava la gobernanza local.

ai briefingEn resumen
La decisión de Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional y federalizar la policía en Washington D.C. representa una medida drástica de intervención en la seguridad local. Aunque justificada por el presidente como una respuesta a una crisis de criminalidad, la acción fue criticada por autoridades locales, quienes la consideran un acto político que atenta contra la autonomía de la ciudad y se basa en una percepción de inseguridad que contradice las cifras oficiales.

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