La Casa Blanca justificó la medida afirmando que "la máxima prioridad del presidente Trump es proteger la patria". Esta política se alinea con la designación de estas organizaciones como grupos terroristas, lo que, según el secretario de Estado Marco Rubio, permite "usar agencias de inteligencia del Departamento de Defensa o cualquier otro elemento del poder estadounidense para atacarlos".
La decisión ha sido fuertemente criticada en América Latina.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó la medida como una potencial "agresión contra Latinoamérica y el Caribe" si no cuenta con la aprobación de los países de la región, y ordenó a sus Fuerzas Armadas estar alertas. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que "no va a haber invasión" y que la cooperación se mantendrá, pero sin permitir el tránsito de militares estadounidenses en su territorio. Este endurecimiento de la política antidrogas revive debates sobre intervencionismo y la efectividad de las estrategias militares frente a un problema transnacional complejo.