Entre los grupos señalados se encuentran varios cárteles mexicanos, el "Cartel de los Soles" vinculado al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el ELN y disidencias de las Farc. Esta decisión es descrita como el paso "más agresivo hasta ahora" en la campaña contra el narcotráfico. La medida ha suscitado un fuerte rechazo en Latinoamérica, reavivando el debate sobre la soberanía nacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó afirmando que “la soberanía nacional existe” y que prefiere “hablar y coordinar que imponer”. De manera similar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró enfáticamente que no permitirá ninguna intervención militar extranjera en su territorio: “Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, eso está descartado absolutamente”.

La administración estadounidense ha justificado la medida como una prioridad para la protección nacional. Una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, señaló que “la máxima prioridad del presidente Trump es proteger la patria”. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que la directiva permite “centrarnos en las operaciones de los cárteles” utilizando herramientas de inteligencia y defensa, sin que esto implique necesariamente un despliegue militar tradicional. La política refleja un endurecimiento de la postura de Washington, que ya había intensificado la vigilancia y los programas encubiertos para combatir el flujo de drogas hacia Estados Unidos.