Según los informes, en el proceso estarían involucrados varios militares, entre ellos un oficial con grado de teniente. Como parte de la investigación, el Ejército ha sometido a pruebas de polígrafo a los soldados del batallón para intentar esclarecer lo sucedido. La preocupación principal radica en que estas armas, que originalmente fueron retiradas de circulación para afectar la capacidad de los grupos criminales, podrían haber regresado a las calles, fortaleciendo a las mismas estructuras delictivas y poniendo en riesgo la seguridad y los derechos de la población civil. Este incidente pone en tela de juicio los protocolos de custodia de material de guerra incautado y la integridad de los encargados de su salvaguarda.