El secuestro ocurrió en el sector conocido como La Llana, donde hombres armados del ELN detuvieron el vehículo, hicieron descender a los pasajeros y procedieron a revisar sus documentos y teléfonos celulares.
Mediante esta requisa ilegal, lograron identificar a los cinco uniformados, quienes regresaban de su turno de descanso de Navidad.
Tras identificarlos, los obligaron a subir a otro vehículo con rumbo desconocido.
Este hecho se enmarca en la crítica situación de orden público que vive la región, donde el ELN mantiene retenes ilegales y una fuerte presencia territorial. El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la liberación de los policías y a la captura de los responsables. Por su parte, la Consejería de Paz ha exigido al grupo armado una prueba de supervivencia de los secuestrados. En respuesta a la situación, se ha anunciado la instalación de un canal humanitario con la mediación de la Iglesia Católica.
El Obispo de Tibú ha manifestado que existe “voluntad del ELN para liberar a los policías secuestrados”, lo que abre una puerta a una posible solución negociada para garantizar el regreso de los uniformados sanos y salvos.













