La confrontación armada no solo ha causado desplazamientos, sino que también ha generado amenazas directas contra la población y sus líderes. La Personería de Cúcuta denunció que líderes comunales han recibido ultimátums de 24 horas para abandonar la zona. Además, la crisis ha escalado a nivel de servicios públicos, como lo demuestra la suspensión del suministro de gas domiciliario para más de 20.000 familias en la región debido a amenazas de los grupos armados. El Ministerio de Defensa ha respondido con el despliegue de tropas en puntos estratégicos para contener la violencia, pero organizaciones locales aseguran que ya habían advertido sobre el recrudecimiento del conflicto desde noviembre de 2025. Los alcaldes de la región han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se frene la confrontación y se proteja a la población civil, que queda atrapada en medio de una guerra que parece no dar tregua.