Las detenciones se llevaron a cabo en Chiquinquirá (Boyacá), Bogotá, Pereira y Granada (Meta).

Según la investigación, la banda operaba desde al menos 2014 y se dedicaba a cobrar sobornos de hasta 1.000 millones de pesos para manipular procesos judiciales, principalmente relacionados con lavado de activos. Sus servicios ilícitos incluían la entrega de información reservada de expedientes, el direccionamiento de las investigaciones y el bloqueo de decisiones judiciales clave, como las relacionadas con la extinción de dominio. Esta práctica no solo socava la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar la seguridad, sino que también crea un sistema de impunidad para quienes pueden pagar por ella, vulnerando el derecho fundamental a un debido proceso y a la igualdad ante la ley.