Según sus cálculos, se requería un incremento mínimo del 15,6 % para cubrir los costos crecientes, lo que deja al sistema operando en sobregiro y con un déficit millonario.

La consecuencia más inmediata de esta desfinanciación es la decisión de Colsubsidio de no continuar con el contrato de dispensación de medicamentos a 1,6 millones de afiliados de la Nueva EPS a partir del 1 de enero de 2026. Esta medida ha generado incertidumbre y denuncias de pacientes que ya reportaban entregas incompletas y ahora no tienen claridad sobre dónde reclamar sus tratamientos.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la posible interrupción masiva de servicios y la falta de información clara sobre las rutas de transición para los afectados. Críticos señalan que la crisis en la Nueva EPS, entidad intervenida por el Estado, es una muestra de lo que podría ocurrir en un sistema de salud completamente público.