Esta situación ha provocado desplazamientos masivos, confinamientos y amenazas contra líderes sociales, generando una respuesta militar por parte del Estado.

La confrontación armada, principalmente entre el ELN y el frente 33 de las disidencias, se ha concentrado en zonas rurales de municipios como Tibú y El Tarra, obligando a cientos de familias a abandonar sus hogares. Según cifras oficiales, más de 85.000 personas fueron desplazadas en la región durante 2025, y en los últimos quince días del año, al menos mil familias huyeron de los combates. La situación es tan crítica que los desplazados han calificado el 2025 como “el peor año” de sus vidas. La Defensoría del Pueblo y la Personería de Cúcuta han emitido alertas por el confinamiento de comunidades enteras y las amenazas directas a líderes comunales, a quienes se les ha dado un ultimátum de 24 horas para abandonar la zona. La violencia ha escalado con el uso de nuevas tácticas como ataques con drones. Ante este panorama, el Gobierno ha instalado un Puesto de Mando Unificado y ha desplegado tropas adicionales para estabilizar el orden público.

Sin embargo, alcaldes locales y organizaciones humanitarias urgen una atención inmediata y advierten que las medidas militares no han sido suficientes para contener la crisis y proteger a la población civil, que permanece atrapada en medio del fuego cruzado.