El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis sistémica que vulnera el derecho fundamental a la salud de millones de afiliados. La decisión de Colsubsidio de no continuar con la dispensación de medicamentos para la Nueva EPS a partir de 2026 ha generado una profunda incertidumbre y agrava la situación financiera del sector. La medida afecta a 1.642.000 afiliados de la Nueva EPS en 11 departamentos, quienes desde el 1 de enero de 2026 deberán acudir a nuevos gestores farmacéuticos aún no definidos claramente. Esta situación ha provocado la alarma de los usuarios, que ya reportaban entregas incompletas de sus tratamientos desde hace meses, obligándolos a asumir los costos de su bolsillo. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la falta de información y el riesgo de interrupción de los servicios.
El problema se enmarca en una crisis financiera más amplia.
La Contraloría advirtió sobre un posible colapso sistémico para 2026, señalando el desempeño deficiente del 75% de las EPS intervenidas por el Estado, incluida la Nueva EPS, que acumula deudas crecientes. Gremios como Afidro y Acemi, junto con asociaciones de pacientes que califican la situación de “catástrofe humanitaria”, han señalado que el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 es insuficiente para cubrir el déficit acumulado, lo que perpetúa la operación en sobregiro del sistema y pone en riesgo la atención a los pacientes.
En resumenLa suspensión de la entrega de medicamentos de Colsubsidio a la Nueva EPS es el síntoma más reciente de una profunda crisis financiera y de gestión en el sistema de salud. La situación amenaza la continuidad de los tratamientos para más de 1.6 millones de personas y pone en evidencia el riesgo de un colapso sistémico, según advertencias de la Contraloría y gremios del sector.