El recrudecimiento de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, particularmente el frente 33 de alias 'Calarcá', desde mediados de diciembre de 2025, ha sumido a la región en una emergencia. Municipios como Tibú y El Tarra son los epicentros de una disputa territorial que ha dejado a la población civil atrapada en el fuego cruzado, con reportes de ataques con drones y confinamientos forzados. Las cifras de desplazamiento son alarmantes: se mencionan más de 500 personas en Cúcuta en quince días y un acumulado de más de 78.000 desplazados en 2025. Los desplazados han calificado el 2025 como “el peor año de nuestras vidas”. La crisis humanitaria se agrava por el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, ya que las empresas de transporte temen transitar por las vías ante el riesgo de ataques.

Incluso, personal médico se vio obligado a abandonar un puesto de salud en Tibú tras ser atacado. En respuesta, el Gobierno ha desplegado tropas, instalado un Puesto de Mando Unificado y la nueva cúpula militar ha priorizado la zona. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y líderes locales urgen una atención inmediata y más efectiva, cuestionando la utilidad de los ceses al fuego si los grupos armados continúan expandiendo su control territorial y afectando a la población. Líderes comunales han recibido amenazas directas, con ultimátums de 24 horas para abandonar la zona.