Las autoridades desarticularon una red criminal dedicada al tráfico de migrantes, principalmente venezolanos, desde la frontera en Norte de Santander hacia Ecuador, mientras la Defensoría del Pueblo alertó sobre un alarmante aumento del 62 % en el tránsito irregular por Colombia durante 2025. Estos hechos exponen la extrema vulnerabilidad de la población migrante y las complejas redes delictivas que se lucran de su desesperación. La red desmantelada, en un operativo coordinado por la Fiscalía y la DIJIN, captaba a extranjeros en las inmediaciones de la terminal de transportes de Cúcuta y municipios aledaños.
Les vendían falsos paquetes turísticos que supuestamente incluían transporte, hospedaje y documentos para llegar a destinos como Ecuador, Perú y Chile.
Sin embargo, tras recibir el pago, los migrantes eran abandonados en la frontera. La investigación acreditó que, en solo seis eventos, la red movilizó a 222 personas, incluyendo 27 menores de edad, muchos de los cuales quedaron a su suerte. Seis presuntos integrantes de la organización fueron capturados y enfrentan cargos por concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de crisis migratoria. La Defensoría del Pueblo reportó un incremento del 62 % en el tránsito de migrantes irregulares por el país en 2025, señalando que Venezuela encabeza la lista de nacionalidades con mayor flujo inverso, con 18.787 casos. Estas cifras evidencian que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, el fenómeno migratorio sigue siendo un desafío humanitario y de seguridad de primer orden para Colombia.
En resumenEl desmantelamiento de una red de tráfico de migrantes y el informe de la Defensoría del Pueblo sobre un aumento del 62 % en el tránsito irregular ponen de manifiesto una crisis humanitaria cada vez más profunda en Colombia. Los migrantes, en su mayoría venezolanos, son víctimas de explotación y abandono por parte de redes criminales, lo que subraya la necesidad urgente de una acción estatal más contundente y de una cooperación regional para proteger sus derechos fundamentales.