Entre sus clientes se encontraba Juan Carlos Ramírez Taborda, alias ‘Manicomio’, un narcotraficante que pagó condena en Estados Unidos.

A cambio de sumas que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos, la red prometía evitar órdenes de captura, frenar procesos de extinción de dominio y eliminar elementos materiales probatorios de los expedientes. La fiscal del caso declaró que en al menos tres investigaciones de la Unidad de Lavado de Activos, "funcionarios adscritos a esa unidad procedieron a eliminar elementos materiales probatorios y a solicitar dinero a cambio". Este entramado de corrupción no solo comprometía la integridad de las investigaciones, sino que también ponía en riesgo la seguridad de testigos y erosionaba la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia. El operativo representa un golpe significativo contra la corrupción enquistada en organismos de seguridad y judiciales, y evidencia la necesidad de mecanismos de control más estrictos para proteger la independencia y la transparencia del sistema judicial.