La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas urgentes ante la disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las Farc. La situación en los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander, es particularmente crítica. Los constantes enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias y el ELN han provocado, según cifras de la Defensoría, más de 78.000 desplazamientos forzados desde inicios de 2025 y el confinamiento de cerca de 6.000 personas. Reportes recientes indican que entre 250 y 500 personas han tenido que abandonar sus hogares en los últimos días de diciembre, refugiándose en escuelas y cascos urbanos. La Defensoría del Pueblo ha denunciado la presencia de personas heridas que requieren atención médica urgente y ha hecho un llamado a los grupos armados para "cesar de inmediato los combates y permitir el ingreso del personal médico". La crisis también ha generado desabastecimiento de alimentos y medicinas, ya que las empresas de transporte temen movilizarse por las vías ante el riesgo de ataques. A pesar de que el Gobierno ha reforzado el dispositivo militar con patrullajes aéreos y terrestres para contener la escalada violenta, líderes sociales y autoridades locales advierten que la población civil sigue atrapada en medio del fuego cruzado. La Defensoría ha insistido en que "la suspensión de órdenes de captura debe servir para ir hacia la paz y no para expandir el control territorial en Catatumbo", evidenciando la complejidad de la situación en el marco de la política de 'paz total'.