En el ámbito judicial, se reportaron avances en casos individuales de feminicidio. En el sur de Bogotá, un hombre fue enviado a la cárcel tras aceptar el cargo de feminicidio agravado por el asesinato de su compañera sentimental el 25 de diciembre. De manera similar, en Betulia, Antioquia, la policía capturó en menos de 24 horas al presunto responsable del crimen de su pareja, ocurrido después de la noche de Navidad. Si bien estas capturas representan una respuesta de la justicia, también exponen la alarmante frecuencia de la violencia machista en el entorno familiar.

Más allá de los casos individuales, el panorama general es desolador. Un informe del Observatorio de Feminicidios de Colombia, con corte a septiembre de 2025, registraba 621 feminicidios en el país. Adicionalmente, organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre el recrudecimiento de la violencia contra la comunidad trans, con un reporte de más de 20 transfeminicidios a lo largo del año, una cifra que supera la del 2024. Estos datos evidencian que, a pesar de la visibilidad del problema, las mujeres y las personas trans continúan siendo víctimas de una violencia sistemática que atenta contra su derecho a la vida y a una vida libre de violencias. Columnas de opinión y análisis reflejan que el país tiene una “deuda con las mujeres”, subrayando que la protección integral sigue siendo una meta lejana.