La disputa por el control territorial entre estos grupos armados ha provocado una escalada de violencia que afecta directamente a la población civil.

Reportes indican que al menos 250 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares en municipios como Tibú, La Gabarra y El Tarra.

Además, se estima que alrededor de 7.000 familias se encuentran en situación de confinamiento, sin poder movilizarse para acceder a alimentos, servicios de salud o educación. La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas, describiendo la situación como una grave crisis humanitaria y solicitando a los actores armados un cese inmediato de las hostilidades para permitir el ingreso de asistencia médica y humanitaria. La defensora Iris Marín expresó su preocupación por los reportes de personas heridas que no han podido ser evacuadas. En un incidente que evidencia la violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el alcalde de Tibú denunció el bloqueo de una ambulancia que intentaba prestar auxilio. La vicepresidenta Francia Márquez ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que brinde apoyo a las comunidades afectadas.

El conflicto, que se ha intensificado a lo largo del año, está motivado por el control de una región rica en recursos naturales y corredores estratégicos para economías ilícitas como el narcotráfico. A pesar de que las autoridades han anunciado el refuerzo de operativos para proteger a la población, la crisis persiste, dejando un saldo de cientos de muertos y miles de desplazados en lo que va del año.