La DIAN y diversas autoridades condenaron el crimen y se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a los autores materiales e intelectuales. La principal hipótesis de las autoridades vincula el homicidio con su lucha contra el contrabando, una de las principales rentas de grupos criminales como 'La Inmaculada', que ejerce un fuerte control en Tuluá. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el hecho, asegurando que la DIAN estaba siendo infiltrada por redes criminales y que el asesinato podría estar relacionado con la afectación de sus intereses. Este crimen subraya el alto riesgo que enfrentan los funcionarios públicos que se oponen a las economías ilegales y la profunda penetración del crimen organizado en las instituciones y la sociedad.