El saldo fue de dos uniformados muertos y ocho heridos, quienes fueron trasladados a Cali para recibir atención especializada.

La infraestructura municipal quedó en ruinas, lo que llevó al alcalde Pablo César Peña a declarar que se quedó sin sede para gobernar.

El Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, se comprometió a destinar 20.000 millones de pesos para la reconstrucción, un proceso que podría tardar hasta dos años. Este hecho provocó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien advirtió que habría cambios en los mandos militares del Cauca si se confirmaba incompetencia.

En respuesta, la cúpula militar y la Procuraduría convocaron mesas de alto nivel para evaluar la estrategia de seguridad y garantizar los derechos de la población, incluyendo el restablecimiento de servicios básicos como la energía. La comunidad, por su parte, relató horas de zozobra, con testimonios como: “Cogimos a los niños y nos fuimos”.

Este ataque evidencia la consolidación del poder de las disidencias en el Cauca y el fracaso del Estado en proteger a las comunidades.