Las víctimas fatales fueron Diego Alejandro Zapata Ochoa, presuntamente integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc, y una adolescente de 14 años que falleció en un centro médico a causa de las heridas. Una mujer de 40 años también resultó lesionada.

Las autoridades locales y departamentales, incluyendo al alcalde Noe Ospina y al coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante (e) de la Policía Antioquia, indicaron que el hecho se trataría de un ajuste de cuentas entre el Clan del Golfo y las disidencias por el control territorial en la zona. La Defensoría del Pueblo reaccionó de inmediato, prendiendo las alertas sobre la creciente crisis humanitaria en el municipio. La entidad advirtió sobre el desplazamiento masivo de más de mil familias a causa de la violencia armada y solicitó una respuesta inmediata y coordinada del Estado para proteger a la población civil, garantizar la atención humanitaria a los desplazados y restablecer el orden público en la región.