La iniciativa, aprobada en su cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, fue impulsada por los representantes Duvalier Sánchez y Julia Miranda, entre otros. La ley responde a sentencias de la Corte Constitucional, como la T-123 de 2024, que ya había reconocido la existencia de este tipo de desplazamiento.

Con esta nueva legislación, el Estado colombiano está obligado a atender a estas personas como víctimas con derechos que requieren una atención integral, continua y preventiva, superando el enfoque de ayuda humanitaria temporal.

Uno de los pilares de la ley es la creación del Registro Único de Desplazados Climáticos, que será coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este registro permitirá identificar, caracterizar y hacer un seguimiento a las familias y personas afectadas, facilitando la implementación de políticas públicas adecuadas.

El representante Duvalier Sánchez destacó que la ley “reconoce una realidad que el país ya está viviendo y obliga al Estado a actuar con responsabilidad”.

A la ley solo le resta la conciliación entre los textos de Senado y Cámara, y la sanción presidencial para entrar en plena vigencia.