El deterioro se refleja en cifras alarmantes. Según la Defensoría del Pueblo, las tutelas en salud aumentaron un 34,1 % en 2024 respecto a 2023, y la Procuraduría reportó 1,6 millones de quejas de pacientes en 2024, un 23 % más que el año anterior. La situación financiera de las EPS intervenidas es crítica; la Nueva EPS, la más grande del país, presenta un patrimonio negativo de 4,4 billones de pesos. Este colapso se traduce en dramas humanos, como el caso de una madre que, en un acto de desesperación, protestó violentamente en una sede de Emssanar EPS en Cali por la falta de medicamentos para su hijo con una enfermedad huérfana. El escenario político agrava la crisis: la reforma a la salud del Gobierno fue archivada en el Senado, dejando al sistema en un limbo. En este contexto, la Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el presunto incumplimiento de órdenes relacionadas con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Ante esta situación, la hermana María Inés, liderando a un grupo de pacientes, radicó la solicitud ante la CIDH, argumentando que “hoy día no vale tutela, no valen quejas a la Supersalud, no vale nada” y que se enfrentan a un riesgo grave e inminente.