La sentencia detalla que Mejía lideró una estructura criminal organizada dentro del batallón que operaba bajo presiones institucionales por resultados y ofrecía incentivos como felicitaciones, permisos y condecoraciones a cambio de las “bajas”. Además, la JEP develó la alianza criminal que existía entre los militares del batallón y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región Caribe, quienes incluso se encargaban de uniformar a las víctimas. Como parte de la condena, la JEP ordenó que Mejía cumpla la pena en un centro de reclusión de las Fuerzas Militares, pida perdón público a las víctimas en Valledupar y que sus honores militares sean borrados, enviando un contundente mensaje sobre la gravedad de sus crímenes y la imposibilidad de que sean glorificados.