La guerrilla instruyó a sus estructuras a “no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado”.

Este anuncio se produjo tras un paro armado que, según cifras oficiales, incluyó 93 acciones violentas en nueve departamentos, con ataques explosivos, bloqueos viales, quema de vehículos y hostigamientos. El paro dejó un saldo trágico, incluyendo el asesinato de siete soldados en Aguachica. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, recibió el anuncio con una mezcla de “alivio, pero también con angustia”, recordando que el ELN ha incumplido treguas similares en el pasado. Marín instó a que el cese de hostilidades se extienda a las confrontaciones con otros grupos armados y reiteró la exigencia de liberar a todos los secuestrados como un “gesto de coherencia”. Comunidades como las del Catatumbo, una de las más afectadas por el paro, expresaron su esperanza de que la tregua sea una realidad y permita el retorno a la normalidad para comerciantes y transportadores.