El saldo fue de dos uniformados muertos y ocho heridos, quienes fueron trasladados a Cali.

La Defensoría del Pueblo denunció que los disidentes forzaron a la población a abandonar el casco urbano e instalaron artefactos explosivos en las vías de acceso. La respuesta estatal incluyó el desplazamiento de la cúpula militar a la zona.

El presidente Gustavo Petro advirtió que habría cambios en los mandos militares si se demostraba incompetencia.

El Ministerio de Defensa anunció el envío de 312 policías adicionales, vehículos blindados y no descartó el uso de bombardeos. El alcalde Pablo Peña, quien tuvo que gobernar desde un lugar seguro, estimó que la reconstrucción costaría 20.000 millones de pesos y tardaría hasta dos años.

Por su parte, la Procuraduría convocó a una mesa interinstitucional de alto nivel para elaborar un plan de acción inmediato.