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Los atacantes emplearon una combinación de tácticas que incluyeron drones cargados con explosivos y el lanzamiento de cilindros bomba desde una volqueta, impactando directamente los alojamientos donde los uniformados descansaban.

El ataque resultó en la muerte de siete soldados y dejó a 31 heridos, varios de ellos en estado crítico, quienes fueron trasladados a centros médicos en Aguachica y Bogotá.

La respuesta del Gobierno fue contundente.

El presidente Gustavo Petro condenó el acto y reconoció fallas de seguridad, como la ausencia de guardia en un punto estratégico y la falta de sistemas antidrones, ordenando la compra de esta tecnología por un billón de pesos mediante la figura de urgencia manifiesta. Por su parte, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información sobre los responsables. El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, admitió que la inteligencia militar es una de las “capacidades más débiles” y describió al ELN como una “guerrilla rica y fortalecida”. Expertos en seguridad coincidieron en que el atentado evidencia graves fallas en la inteligencia estatal y la ausencia de una estrategia militar efectiva para contrarrestar la evolución tecnológica de los grupos armados. La tragedia también tuvo un profundo impacto humano, con velatones y funerales con honores para los soldados caídos en ciudades como Bucaramanga.