La cifra, aunque alarmante, se suma a una tendencia histórica devastadora.

Un informe adicional señala que en los últimos cinco años se ha documentado el reclutamiento de más de 1.200 menores, lo que evidencia que esta práctica no ha disminuido a pesar de los procesos de paz y los esfuerzos institucionales. El reclutamiento forzado no solo arranca a los menores de sus familias y comunidades, destruyendo sus proyectos de vida, sino que también los expone a todo tipo de violencias, incluyendo abuso sexual, trabajos forzados y su utilización directa en hostilidades. Esta práctica constituye una de las más graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos de la niñez, perpetuando los ciclos de violencia en los territorios más vulnerables del país. La persistencia de este flagelo demuestra la incapacidad del Estado para proteger a sus niños y adolescentes en las zonas de conflicto, y la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta.