Este recurso extremo se suma a protestas desesperadas por medicamentos y a informes que evidencian el colapso del acceso a los servicios.

Representantes de pacientes con enfermedades hepáticas, renales y de alta complejidad, liderados por la hermana María Inés, radicaron una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, argumentando un "riesgo grave e inminente" para sus vidas debido a la falta de atención. Afirman que los mecanismos internos como la tutela y las quejas a la Supersalud ya no son efectivos.

Esta acción se produce en un contexto de creciente descontento, visibilizado por casos como el de una madre que, en un acto de desesperación, protestó violentamente en una sede de la EPS Emssanar en Cali por la falta de medicamentos para su hijo. El informe 'Así Vamos en Salud' corrobora la gravedad de la situación, proyectando que el país podría cerrar 2025 con más de dos millones de quejas, la cifra más alta de la historia, y un aumento del 54% en las acciones de tutela para acceder a servicios básicos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares se acerca a niveles catastróficos.

La Procuraduría también ha alertado sobre el deterioro progresivo del sistema y anunció nuevas investigaciones contra funcionarios. Mientras tanto, la Corte Constitucional ha ordenado a las EPS cubrir los costos de cuidadores para pacientes en casa, reafirmando que el cuidado es parte integral del derecho a la salud.