El presidente Gustavo Petro firmó los decretos para la creación de las primeras ocho Entidades Territoriales Indígenas (ETI) en la Amazonía, un hito histórico que cumple un mandato constitucional de 1991. Sin embargo, este avance en la autonomía se ve opacado por graves amenazas a los derechos de los pueblos indígenas, como la contaminación por mercurio de la minería ilegal y la falta de acceso a servicios básicos. La formalización de las ETI en Amazonas, Guainía y Vaupés es un paso trascendental hacia la autodeterminación, otorgando a los territorios indígenas un estatus administrativo similar al de departamentos y municipios, lo que les permitirá administrar directamente los recursos del Sistema General de Participaciones.
Líderes como Antonio Matapí han calificado el hecho como "histórico".
No obstante, este logro contrasta con la cruda realidad que enfrentan muchas comunidades.
Un informe de la Contraloría reveló que cerca del 80% de los resguardos indígenas carecen de acueducto, una violación fundamental al derecho a la salud y al agua potable. Simultáneamente, la Amazonía se ha convertido en "la nueva Minamata" debido a la minería ilegal de oro, que utiliza mercurio de forma indiscriminada.
Este veneno contamina ríos, peces y, en consecuencia, a las comunidades cuya dieta depende de ellos, causando graves daños neurológicos, malformaciones congénitas y afectaciones al sistema nervioso, con especial peligro para mujeres gestantes y niños.
Esta actividad es controlada por organizaciones criminales transfronterizas que imponen su ley en territorios con abandono estatal. Líderes indígenas expresan que su principal preocupación no es la nueva gestión administrativa, sino la seguridad en sus territorios, donde los jóvenes son reclutados y las autoridades amenazadas.
En resumenLa creación de las Entidades Territoriales Indígenas marca un avance histórico en el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, este progreso formal choca con la desprotección real que sufren ante la minería ilegal, la contaminación y la ausencia de servicios básicos, evidenciando que la garantía de sus derechos fundamentales sigue siendo una tarea pendiente y urgente para el Estado colombiano.