La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citará obligatoriamente al general Juan Miguel Huertas para que rinda versión sobre su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. La decisión se basa en testimonios de exmilitares que lo señalan como facilitador de estos crímenes, manteniendo el foco de la justicia transicional en la rendición de cuentas de altos mandos del Ejército. La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, anunció la citación luego de que varios exmilitares de la IV Brigada, incluyendo siete máximos responsables de "falsos positivos" entre 2002 y 2003, implicaran directamente a Huertas. Según los testimonios, cuando ostentaba el rango de capitán, Huertas habría presionado a sus subalternos para cometer asesinatos de civiles y presentarlos como bajas en combate.
El exteniente Edwin Toro declaró que Huertas le "insinuó que debía hacerlo", a lo que él se negó. Por su parte, el subteniente retirado Emerson Castañeda aseguró que el entonces capitán no solo hizo ofrecimientos, sino que llegó a entregar armas para cometer los crímenes.
Esta citación obligatoria reafirma la competencia de la JEP para investigar y juzgar a miembros de la Fuerza Pública por crímenes del conflicto, sin importar su rango o si continúan activos. La situación de Huertas es particularmente compleja, ya que fue reintegrado por el presidente Gustavo Petro y recientemente la Procuraduría ordenó su suspensión por tres meses mientras se investigan sus presuntas reuniones con disidencias de las FARC, un escándalo revelado por los archivos de "Calarcá".
En resumenLa citación obligatoria de la JEP al general Huertas por el caso de 'falsos positivos' es un paso significativo en la búsqueda de verdad y justicia, demostrando que la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos alcanza a los altos mandos militares. Este proceso es clave para la credibilidad de la justicia transicional y para la reparación de las víctimas.