Entre los hechos más graves se cuenta el asesinato del conductor de una ambulancia en Puerto Santander (Norte de Santander), calificado por el Ministerio de Salud como una grave violación al DIH, y un atentado con explosivos contra una patrulla en Cali que dejó dos policías muertos. La Defensoría del Pueblo advirtió que estas acciones imponen restricciones generalizadas a la movilidad, incrementando el riesgo de desabastecimiento, confinamientos y desplazamientos forzados, lo que constituye una vulneración directa del DIH al aterrorizar a la población civil. El gobierno del presidente Petro, quien calificó la amenaza como un ataque a Colombia, ordenó un despliegue de la Fuerza Pública en las zonas más críticas y ofreció recompensas por los cabecillas del grupo, mientras el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que la amenaza del ELN evidencia el "fracaso de la política de paz".