El alcalde Pablo Peña describió la situación afirmando que su municipio estaba "prácticamente tomado".

La respuesta del Gobierno fue contundente en el discurso: el presidente Gustavo Petro advirtió que habría cambios en los mandos militares si se confirmaba incompetencia y calificó a estos grupos como "genocidas del pueblo indígena". A nivel operativo, la cúpula militar, encabezada por el almirante Francisco Cubides, se desplazó a la zona para definir nuevas acciones militares focalizadas contra las estructuras narcoterroristas.

El Ministerio del Interior estimó que la reconstrucción de la infraestructura destruida podría costar 20 mil millones de pesos y tardar hasta dos años, un reflejo del profundo impacto del ataque. Este episodio se enmarca en una escalada de violencia en el Cauca, que evidencia el control territorial que aún ejercen los grupos armados y el inmenso desafío para la política de 'paz total'.