Entre las víctimas se cuentan cinco sabedores ancestrales, líderes comuneros y autoridades indígenas, lo que para la Fiscalía demuestra un ataque dirigido a “minar la existencia de esa comunidad”.

Este avance judicial se produce en un contexto de escalada de violencia por parte del EMC. El presidente Gustavo Petro había anunciado previamente que el asesinato de la patrullera Karen Pajoy en Huila, atribuido al mismo grupo, constituía un “crimen de guerra brutal” y que la denuncia contra ‘Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional “está lista”. La orden de captura por genocidio representa uno de los golpes judiciales más significativos contra la cúpula de esta disidencia y reconoce la violencia sistemática contra los pueblos indígenas como un crimen de lesa humanidad.