Las denuncias apuntan a crímenes cometidos por miembros del Ejército, reviviendo uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano.

Durante el debate, la representante Katherine Miranda, una de las citantes, expuso dos casos concretos que estarían bajo investigación.

El primero ocurrió en diciembre de 2024 en Ituango, Antioquia, donde tropas del Ejército habrían asesinado a un civil desarmado que se movilizaba en moto, señalándolo posteriormente de pertenecer al Clan del Golfo. El segundo caso tuvo lugar en Vistahermosa, Meta, y la víctima sería un líder social.

“Estos son falsos positivos, ministro.

Esto que está pasando en el gobierno de la ‘potencia mundial de la vida’ es gravísimo”, afirmó Miranda. El ministro Sánchez respondió que ambos casos “están siendo investigados por la Fiscalía” y que su cartera no tolerará este tipo de conductas.

Estas nuevas denuncias se suman a procesos judiciales en curso que continúan esclareciendo crímenes del pasado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en el juicio contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía por 72 'falsos positivos' y recientemente se conoció una condena del Tribunal Administrativo de Antioquia contra la Nación por una ejecución extrajudicial de 2003, en una operación documentada por el hoy general Juan Miguel Huertas. La reaparición de estas denuncias pone en tela de juicio la política de seguridad del gobierno y la efectividad de los controles internos de la Fuerza Pública para garantizar el respeto a los derechos humanos.