Entre los imputados destacan los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río, ambos con un historial de señalamientos por nexos con grupos paramilitares.

Junto a ellos fueron imputados los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.

La JEP los acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo exterminio, deportación y otros actos inhumanos, en el marco del Macrocaso 06. La decisión subraya que los oficiales imputados participaron en una alianza con grupos paramilitares para ejecutar el plan de aniquilación. La recalificación de los hechos como genocidio político representa un avance fundamental en el reconocimiento de la verdad para las víctimas y establece un precedente sobre la responsabilidad del Estado en la persecución y eliminación de un movimiento político legal. Los militares imputados deberán ahora decidir si reconocen su responsabilidad para acceder a penas restaurativas o si enfrentan un juicio adversarial con penas de hasta 20 años de cárcel.