La autorización de la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, alias 'Pipe Tuluá', máximo cabecilla de la banda 'La Inmaculada', ha generado una fuerte tensión entre la política de 'Paz Total' del Gobierno y los compromisos de justicia internacional. Mientras el Gobierno autorizó acercamientos con esta organización criminal a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la decisión de extraditar a su líder por narcotráfico plantea interrogantes sobre la viabilidad de los diálogos. La defensa de 'Pipe Tuluá' anunció que apelará la decisión, argumentando que “prima la mesa de paz sobre la firma de la extradición”. Sin embargo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró que la extradición fue acordada como parte de las negociaciones y que el propio cabecilla “aceptó irse”.
Esta situación ha generado reacciones diversas.
En el Valle del Cauca, las autoridades han reforzado las medidas de seguridad ante posibles retaliaciones, y el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento expresó que “abrir mesa de diálogo no es conveniente”. El caso de 'La Inmaculada' se suma a los de otras siete bandas de “narcos ‘purasangre’” que han aterrizado en la 'Paz Total', evidenciando el complejo panorama jurídico y de seguridad que enfrenta el Gobierno al intentar negociar con estructuras dedicadas a economías ilícitas sin un marco de sometimiento claro, mientras la justicia ordinaria y las solicitudes de extradición siguen su curso.
En resumenLa extradición de 'Pipe Tuluá' mientras se exploran diálogos de paz con su banda, 'La Inmaculada', encapsula el dilema central de la 'Paz Total'. Este caso pone de manifiesto la difícil coexistencia entre la búsqueda de la paz negociada y la obligación del Estado de cumplir con la justicia y la cooperación internacional contra el narcotráfico.