La entidad detalla que las comunidades están expuestas a homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados y un control social armado que limita sus libertades fundamentales.

La disputa se da en una de las regiones de mayor importancia turística, portuaria y ambiental del país, donde los grupos armados buscan el control de economías ilícitas mientras coexisten y someten a las comunidades locales. La Defensoría insta a las autoridades nacionales y locales a adoptar medidas urgentes y coordinadas para prevenir la materialización de estos riesgos y proteger a la población civil, que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad en medio del conflicto.