La violencia sigue imperando, como lo demuestran otros hechos.

En la zona rural de Tibú, la comunidad denunció el sobrevuelo constante de drones con explosivos; uno de ellos cayó e hirió a tres integrantes de una familia, evidenciando el uso de tácticas que ponen en riesgo indiscriminado a los civiles. La Corte Constitucional, al analizar la situación, ha señalado que la crisis del Catatumbo revela un fenómeno nacional de reconfiguración del conflicto. La disputa por el control territorial y las economías ilícitas entre el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos armados, mantiene a las comunidades en un estado de confinamiento y desplazamiento. Líderes sociales de municipios como El Tarra han reportado el desplazamiento de varias familias debido a la escalada de violencia, que en los últimos días ha dejado al menos siete muertos. La situación exige una intervención integral del Estado que vaya más allá de la respuesta militar y aborde las causas estructurales del conflicto, garantizando la protección de los derechos fundamentales de la población.