El asesinato de la subteniente María Camila Mora a manos de su expareja, el capitán Pablo Andrés Masmela, dentro del Cantón Norte en Bogotá, ha destapado graves falencias en la seguridad de una de las guarniciones militares más importantes del país y ha puesto de relieve la persistencia de la violencia de género en las Fuerzas Militares. El crimen ocurrió la noche del 26 de noviembre de 2025 en el parqueadero del casino de oficiales, cuando la subteniente, quien se encontraba de permiso para asistir a un concierto, accedió a hablar con Masmela dentro de un vehículo. Según el testimonio de una oficial que la acompañaba y presenció los hechos desde fuera del automóvil, el capitán le disparó a Mora en repetidas ocasiones antes de quitarse la vida. La investigación ha revelado detalles alarmantes que apuntan a una posible negligencia institucional.
El arma utilizada en el crimen no era de dotación oficial, y durante una inspección a la habitación del capitán Masmela, el CTI encontró otras dos armas de fuego ilegales.
Además, se conoció que el oficial tenía un antecedente por amenazas contra otra expareja, a quien le habría dicho: “si usted no es para mí, no es para nadie”.
Luis Eduardo Leyva, abogado de la familia de la víctima, cuestionó los filtros psicológicos para el ascenso del capitán y la falta de control de armas dentro de la base militar. La Procuraduría ha iniciado una indagación para determinar si hubo omisiones en los protocolos de prevención de violencia de género. Aunque el Ejército ha calificado el suceso como un “incidente de carácter personal”, la familia de la subteniente Mora buscará que se declare la responsabilidad del Estado por las fallas de seguridad que permitieron la tragedia.
En resumenEl feminicidio de la subteniente María Camila Mora en una base militar evidencia fallas sistémicas en la prevención de la violencia de género y el control de armas dentro del Ejército. El caso ha motivado investigaciones disciplinarias y la familia buscará la responsabilidad del Estado, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha contra la impunidad en crímenes contra la mujer en instituciones castrenses.