La resolución de acusación, proferida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, imputa el delito de tortura agravada en calidad de coautores impropios a altos mandos de la época. Entre los acusados se encuentran el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, entonces director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), y el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, quien era comandante de la Unidad de Inteligencia (B-2) de la Brigada XIII. Según la Fiscalía, al menos 11 personas, incluidos estudiantes y un funcionario público, fueron trasladadas a instalaciones militares como la Casa del Florero y la Escuela de Caballería, donde fueron señaladas erróneamente como ‘sospechosas’ de colaborar con el M-19 y sometidas a tratos degradantes. Este llamado a juicio representa un avance crucial en la búsqueda de verdad y reparación para las víctimas de uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano, abriendo un nuevo capítulo para que la Corte Suprema juzgue a los implicados.