La investigación, basada en archivos incautados al grupo armado, sugiere que funcionarios del Estado habrían colaborado con la estructura criminal, compartiendo información sensible y facilitando sus operaciones.

Los señalamientos, divulgados por Noticias Caracol, implican directamente al general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, directivo de la DNI. Según los documentos, que incluyen chats y correos, estos funcionarios habrían sostenido reuniones y pactos con el grupo disidente, permitiendo la movilidad de sus cabecillas en vehículos oficiales y discutiendo la creación de empresas de seguridad fachada. A raíz de estas denuncias, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal y compulsó copias a la delegada ante la Corte Suprema para indagar al general Huertas. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional de Huertas y Mejía por tres meses para evitar que interfieran en la investigación. El presidente Gustavo Petro defendió a los funcionarios, calificando las versiones como “falsas” y una represalia por combatir la corrupción militar. Por su parte, el procurador Gregorio Eljach calificó los hechos como “algo muy delicado”, señalando que la información traficada podría haber resultado en la muerte de policías. El caso ha generado una crisis de confianza en las instituciones de seguridad y ha llevado a gremios como las empresas de vigilancia a pedir investigaciones sobre la idoneidad en los trámites del sector.