La violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz sigue siendo una tragedia persistente en Colombia, con un número de asesinatos que no disminuye y que podría intensificarse de cara a las elecciones de 2026. Organizaciones de la sociedad civil denuncian un fracaso sostenido del Estado en su deber de proteger a quienes trabajan por sus comunidades. Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta la fecha, han sido asesinados 1.865 líderes sociales en el país. La organización advierte que esta violencia sistemática podría agravarse en el contexto preelectoral, ya que los grupos armados buscan consolidar su control territorial e influir en los comicios.
La violencia no se detiene, como lo demuestran casos recientes.
En Pradera, Valle del Cauca, una reconocida lideresa social fue asesinada por su expareja sentimental con un objeto cortopunzante. Con su muerte, ya son 15 los líderes asesinados en ese departamento en lo que va de 2025. En Támesis, Antioquia, un comerciante y líder social fue asesinado con impactos de arma de fuego en su vivienda, rompiendo una racha de dos años sin homicidios en el municipio.
Su hermano era un conocido activista contra la minería.
Estos crímenes reflejan la alta vulnerabilidad de quienes defienden los derechos humanos, el medio ambiente o simplemente ejercen un liderazgo comunitario en zonas disputadas por actores armados y economías ilegales. La falta de garantías de seguridad y la impunidad que rodea muchos de estos casos perpetúan un ciclo de violencia que socava la democracia y la construcción de paz en los territorios.
En resumenEl asesinato de líderes sociales en Colombia continúa sin freno, con 1.865 casos registrados por Indepaz desde 2016. La organización alerta sobre un posible recrudecimiento de la violencia de cara a las elecciones de 2026. Recientes homicidios en Valle del Cauca y Antioquia confirman la persistente vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y la falta de protección estatal efectiva.